Una amplia red de organizaciones de personas con discapacidad, entidades de derechos humanos y prestadores de salud presentó un contundente reclamo ante la Cámara de Diputados de la Nación. Con el respaldo de 1.583 adhesiones públicas de todo el país,366 adhesiones institucionales de organizaciones sociales, educativas, centros de día y colectivos de familias, el sector manifestó su enérgico rechazo al proyecto oficialista que busca dar por terminada la emergencia del sector, y exigió la extensión de la Ley N° 27.793 hasta diciembre de 2027.
Las organizaciones denuncian que la iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional incurre en una "inconvencionalidad flagrante" al violar el artículo 4.3 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que exige la participación activa del colectivo en la formulación de políticas públicas. Según manifestaron, la participación de las entidades fue nula en la reunión de comisiones del pasado 16 de septiembre, en el marco de un esquema parlamentario marcado por convocatorias sin anticipación y cambios de último momento que "inhiben el debate democrático".
El rechazo al nuevo régimen permanente
El conflicto se agudizó tras la aprobación, el pasado 23 de septiembre, de un dictamen de mayoría en las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda. El texto oficialista pretende suplantar la prórroga de la emergencia por un marco permanente denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”.
Para el colectivo, la creación de este nuevo régimen es un pretexto para clausurar la discusión sobre una crisis cuyas causas estructurales persisten. Advierten que el proyecto combina partidas presupuestarias necesarias con reformas que recortan garantías vigentes y delegan facultades clave en la reglamentación del Poder Ejecutivo, condicionando el financiamiento a una "pérdida directa de derechos".
Una ley votada pero jamás aplicada
El documento presentado ante los legisladores subraya la paradoja de discutir el fin de una norma que el Poder Ejecutivo nunca implementó de forma integral, desoyendo incluso fallos judiciales. A pesar de haber sido votada en cuatro oportunidades por el Congreso y reglamentada mediante el Decreto 84/2026 (con vencimiento el próximo 31 de diciembre), la Ley 27.793 solo se aplicó parcialmente para la actualización de aranceles.
El colectivo denuncia que el Gobierno mantiene paralizados puntos neurálgicos de la normativa actual, tales como:
*La reforma del sistema de pensiones por discapacidad para la protección social.
*La compensación económica para prestadores de salud, transportistas y centros de día.
*La condonación de deudas para instituciones asfixiadas financieramente que se encuentran al borde de la quiebra.
"La asfixia del sector no responde a una falta de recursos económicos, sino a una fijación deliberada de prioridades políticas y presupuestarias", sentenciaron las organizaciones firmantes.
Crisis de gestión y frentes de conflicto por el Presupuesto 2027
La tensión e incertidumbre en el área provocaron recientemente la renuncia de Alejandro Vilches al frente de la cartera de discapacidad, cuestionado por la falta de auditorías y el incumplimiento de mandatos judiciales. En su lugar asumió Pablo Di Liscia como nuevo Secretario Nacional de Discapacidad.
En paralelo, la intención del Ejecutivo de introducir artículos en el proyecto de Presupuesto 2027 para derogar aspectos clave de la Ley de Emergencia abrió grietas políticas. La iniciativa ya cosechó objeciones internas dentro del propio oficialismo por parte de dirigentes del PRO, así como el rechazo de gobernadores provinciales ante los recortes previstos en las pensiones por invalidez.
Bajo la histórica premisa internacional "Nada sobre nosotros sin nosotros", el colectivo de discapacidad exigió de forma categórica que no se debata ninguna nueva iniciativa legislativa hasta que la Ley 27.793 sea plenamente implementada y prorrogada por un año más.
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