Como hemos mencionado la aplicación de esta ley trae implicancias muy positivas para los jóvenes, sin embargo la situación jurídica y las discusiones acerca del contenido de la norma provincial que adhiera a ley nacional 26.061 se encuentra en pleno debate en la Legislatura.


Ya existen dos anteproyectos: uno promovido por el Ejecutivo provincial, otro por entidades civiles.
Ayer se sumó un nuevo capítulo a la discusión sobre cómo debería ser la norma provincial que adhiera a la ley nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Ésta supone una transformación radical en el tratamiento de la infancia y juventud, en especial aquellos que, por estar en riesgo social, se encuentran institucionalizados por disposición judicial.
Ayer se sumó un nuevo capítulo a la discusión sobre cómo debería ser la norma provincial que adhiera a la ley nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Ésta supone una transformación radical en el tratamiento de la infancia y juventud, en especial aquellos que, por estar en riesgo social, se encuentran institucionalizados por disposición judicial.

Se le critica ser demasiado escueto en su articulado ya que, aunque adhiere a la ley nacional y hay consenso general sobre eso, no crea organismos específicos para lograr la tarea con éxito. En ese sentido, en el recinto la legisladora María Fernanda Leiva (Frente Nuevo) calificó de "pobrísimo" el anteproyecto, "salvo que exista el ánimo de dar la posibilidad de incorporar otro articulado", manifestó. Por su parte, el ministro respondió que no es necesario describir en profundidad los organismos específicos.
Dijo que la ley 26.061 "es lo suficientemente rica desde el punto de vista del contenido" y recalcó que se está trabajando en el Consejo Federal creado por la ley 26.061 para bajar a Córdoba políticas coordinadas y subvencionadas con la Nación.

Además, ordena la constitución de organismos para la defensa y protección de los derechos de los niños que sean independientes de los organismos encargados de la aplicación de las políticas públicas.
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