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Posturas enfrentadas sobre la ley que cambiará el sistema de la infancia

En notas anteriores comentamos la importancia de proponer una nueva mirada acerca de la niñez y adolescencia, una de las temáticas que se debatió en el Primer Seminario-Taller sobre el Derecho a la Participación de niños, niñas y adolescentes.
Como hemos mencionado la aplicación de esta ley trae implicancias muy positivas para los jóvenes, sin embargo la situación jurídica y las discusiones acerca del contenido de la norma provincial que adhiera a ley nacional 26.061 se encuentra en pleno debate en la Legislatura.
Ya existen dos anteproyectos: uno promovido por el Ejecutivo provincial, otro por entidades civiles.

Ayer se sumó un nuevo capítulo a la discusión sobre cómo debería ser la norma provincial que adhiera a la ley nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Ésta supone una transformación radical en el tratamiento de la infancia y juventud, en especial aquellos que, por estar en riesgo social, se encuentran institucionalizados por disposición judicial.
El marco espacial fue la Legislatura cordobesa: la reunión conjunta de las comisiones de Solidaridad, Asuntos Constitucionales y de Legislación General recibió al ministro de Justicia, Héctor David, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Armando Andruet, para que se expresen sobre los cambios necesarios. Existe un anteproyecto de ley de 16 artículos, cuestionado por algunos bloques de legisladores y por organizaciones de la sociedad civil, promovido por el Poder Ejecutivo provincial, entre ellos por el ministro presente.
Se le critica ser demasiado escueto en su articulado ya que, aunque adhiere a la ley nacional y hay consenso general sobre eso, no crea organismos específicos para lograr la tarea con éxito. En ese sentido, en el recinto la legisladora María Fernanda Leiva (Frente Nuevo) calificó de "pobrísimo" el anteproyecto, "salvo que exista el ánimo de dar la posibilidad de incorporar otro articulado", manifestó. Por su parte, el ministro respondió que no es necesario describir en profundidad los organismos específicos.
Dijo que la ley 26.061 "es lo suficientemente rica desde el punto de vista del contenido" y recalcó que se está trabajando en el Consejo Federal creado por la ley 26.061 para bajar a Córdoba políticas coordinadas y subvencionadas con la Nación.
Entre ellas, anunció que en el corto plazo se impulsará un programa con equipos técnicos que trabajen para la desjudicialización de los niños. Ayer las organizaciones que cuestionan el anteproyecto del Ejecutivo presentaron a los legisladores uno alternativo de 113 artículos que prevé la creación de un Sistema Integral de Protección de Derechos.
Además, ordena la constitución de organismos para la defensa y protección de los derechos de los niños que sean independientes de los organismos encargados de la aplicación de las políticas públicas.

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