Las organizaciones que integran el Foro de la Niñez y Familia Córdoba quieren que el Gobierno provincial detenga la designación del actual ministro de Justicia provincial, Héctor David, como defensor de los Niños, Niñas y Adolescentes en Córdoba.
La propuesta de David forma parte de una terna, integrada por otros funcionarios y ex funcionarios del actual Gobierno provincial, y fue presentada por el Ejecutivo a la Legislatura. Se descuenta que hoy la Unicameral apruebe la designación de David debido a la mayoría oficialista. De asumir a su cargo, será el primer defensor del Niño del país, luego de la sanción de la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (26.061).
Desde foro argumentan que, más allá del nombre, el problema radica en la metodología utilizada para la designación. “La figura del defensor debe ser absolutamente neutral, no tener vínculos con el Poder Ejecutivo para que pueda ejercer la función de control”, señaló Mariano Carrizo, coordinador del foro, el cual realizará un pedido formal para detener la designación.
Este foro está integrado por varias ONG e instituciones, entre ellas: Seap (Servicio a la Acción Popular), Colegio de Trabajadores del Servicio Social, Escuela de Trabajo Social, Casa del Liberado, Colegio de Psicólogos, Sehas (Servicio Habitacional y de Acción Social), Cipmi (Comisión Intersectorial de Prevención contra el Maltrato Infantil), Red Buhito, ADI Río IV (Asociación por los Derechos de la Infancia) y Cetal.
Las ONG advierten que el defensor debe ser alguien con trayectoria y compromiso en la promoción y defensa de los derechos del niño. “El ministro de Justicia, seguramente, estará muy imbuido en la situación de los niños, pero su desarrollo tiene más que ver con estrategias implementadas luego de un deterioro de los derechos y no de promoción y prevención de ellos”, explicó Carrizo. Luego agregó: “Pero hay una cuestión más fondo, porque estos problemas se podrían subsanar si la convocatoria fuera distinta”.
La ley nacional prevé que el defensor sea designado por una comisión especial del Congreso Nacional que evalúa a los postulantes a través de un concurso público de antecedentes y oposición. No hay intervención del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, la adecuación de la norma hecha por la Provincia estipula que la designación corre por cuenta del Poder Ejecutivo, previo acuerdo de la Legislatura. “El planteo debería ser desde la Legislatura en un debate abierto donde se incluyan a las ONG”, insistió Carrizo. El foro presentó un proyecto alternativo en donde la selección es similar a la prevista a nivel nacional.
Carrizo entiende que hay una contradicción en la designación de David: “¿Cómo una persona designada por el Ejecutivo va a controlar el desempeño de este mismo poder en relación a las políticas de infancia y adolescencia?”, se preguntó.
Carrizo recordó que el gobernador electo, Juan Schiaretti, firmó un acta en la que se comprometió a adecuar la ley nacional en Córdoba. “Esta designación representa un corrimiento en este compromiso”, expresó.
Fuente: http://www.lavoz.com.ar/defaultak.asp?edicion=/07/11/22/
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