En el marco de las sesiones del Consejo Federal de Educación, a fines de febrero, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interministerial de
Salud Mental Lic. Leonardo Gorbacz presentó el documento sobre Pautas para evitar el uso inapropiado de diagnósticos, medicamentos u otros tratamientos a partir de problemáticas en el ámbito escolar.
Desde el portal de noticias de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación se informa sobre la presentación: "el documento elaborado por distintos
Ministerios nacionales, contiene 17 recomendaciones tendientes a evitar
que los problemas de los chicos en el ámbito escolar se resuelvan
masivamente a través de diagnósticos apresurados o prescripción de
medicamentos, eludiendo el abordaje de las causas que pueden provocar
determinados comportamientos".
El
documento basado en leyes nacionales vigentes, como la Ley de Salud
Mental, la de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la de
Educación, recomienda generar espacios de escucha, no reducir la
complejidad de los problemas a una sola causa, trabajar en red con
salud, y evitar nomenclaturas homogeneizantes, además de otras
recomendaciones.
Este documento se suma a las Recomendaciones a las Universidades Públicas y Privadas Art. 33º, las Recomendaciones a los servicios Asistenciales para la revisión de las declaraciones judiciales de incapacidad e inhabilitación y el mismo Plan Nacional de Salud Mental, todos producidos por el CONISMA.
¿Qué es la CONISMA?
La Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones fue creada mediante el DECRETO 603/2013,
y funciona en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. Es
presidida por el Ministerio de Salud en su carácter de Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 26657 e
integrada por representantes de los Ministerios de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social; Educación; Desarrollo Social; Seguridad; Justicia y
Derechos Humanos; la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia; la Secretaría de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) y el Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
Objetivo:
La Ley Nacional de Salud Mental Nº 26657, sancionada a fines del año 2010, propone una nueva política de salud mental basada en el respeto a los derechos de las personas, fundamentalmente, al derecho a vivir en la comunidad. Poder llevar adelante esa política requiere del trabajo conjunto de distintas áreas del Gobierno, a fin de poder desarrollar acciones que favorezcan la inclusión social, laboral y educativa de las personas.
El Decreto Nº 603/2013, establece en su artículo 2º que “cada Ministerio afectará partidas presupuestarias propias para hacer frente a las acciones que le correspondan, según su competencia, y que se adopten en la presente Comisión”.
También especifica que “la Comisión se reunirá como mínimo una vez al mes y realizará memorias o actas en las cuales se registren las decisiones adoptadas y los compromisos asumidos por cada Ministerio”.
En la
medida en que la aplicación de la Ley en todo el Territorio Nacional es
una responsabilidad compartida con cada una de las jurisdicciones, la
norma reglamentaria indica que “la Autoridad de Aplicación deberá
promover la creación de ámbitos interministeriales de cada
jurisdicción”.
Por último, y para garantizar el aporte de la sociedad civil, se prevé “convocar a organizaciones de la comunidad que tengan incumbencia en la temática, en particular de usuarios, familiares y trabajadores, para participar de un Consejo Consultivo de carácter honorario al que deberá convocar al menos trimestralmente, a fin de exponer las políticas que se llevan adelante y escuchar las propuestas que se formulen”.
Fuente: Portal del CONISMA - Jefatura de Gabinete de Ministros - Presidencia de la Nación
La Ley Nacional de Salud Mental Nº 26657, sancionada a fines del año 2010, propone una nueva política de salud mental basada en el respeto a los derechos de las personas, fundamentalmente, al derecho a vivir en la comunidad. Poder llevar adelante esa política requiere del trabajo conjunto de distintas áreas del Gobierno, a fin de poder desarrollar acciones que favorezcan la inclusión social, laboral y educativa de las personas.
El Decreto Nº 603/2013, establece en su artículo 2º que “cada Ministerio afectará partidas presupuestarias propias para hacer frente a las acciones que le correspondan, según su competencia, y que se adopten en la presente Comisión”.
También especifica que “la Comisión se reunirá como mínimo una vez al mes y realizará memorias o actas en las cuales se registren las decisiones adoptadas y los compromisos asumidos por cada Ministerio”.
Por último, y para garantizar el aporte de la sociedad civil, se prevé “convocar a organizaciones de la comunidad que tengan incumbencia en la temática, en particular de usuarios, familiares y trabajadores, para participar de un Consejo Consultivo de carácter honorario al que deberá convocar al menos trimestralmente, a fin de exponer las políticas que se llevan adelante y escuchar las propuestas que se formulen”.
Fuente: Portal del CONISMA - Jefatura de Gabinete de Ministros - Presidencia de la Nación
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