Excluidas: las mujeres con discapacidad, lejos de ser consideradas mujeres [diario Contexto]

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En este artículo, la periodista Verónica Gonzalez (TV Pública) realiza un paneo exhaustivo sobre las distintas situaciones de vulneración de derechos que afectan a las niñas y mujeres con discapacidad.  En oportunidad de la jornada de manifestación y la campaña #Ni una Menos, nada queda fuera de esta excelente síntesis que demuestra como los modelos tradicionales y rehabilitadores, oprimen en las mujeres con discapacidad una doble discriminación.

Recomendamos la lectura de este clarísimo artículo que resume la agenda de los desafíos en las luchas por el reconocimiento y ejercicio pleno de derechos de niñas y mujeres con discapacidad.

Fuente: "Excluidas: las mujeres con discapacidad, lejos de ser consideradas mujeres" Diario Contexto

Por Verónica Gonzalez Bonnet

Las mujeres somos subestimadas, se nos considera un objeto, por eso aparecen mujeres en bolsas de basura, se las golpea, se las viola, a todas. Mujeres ricas, pobres, jóvenes, de edad avanzada, con o sin discapacidad. En esto, no se discrimina.

La violencia hacia las mujeres y niñas con discapacidad proviene de las familias que anulan, de los profesionales de la salud que frecuentemente maltratan, de los empleadores que subestiman, del Estado que implementa políticas asistencialistas, de los medios de comunicación que con frecuencia infantilizan, de una sociedad que no nos considera sujetas de derecho. Con cuerpos diversos, necesitando apoyos, buscando recursos alternativos, somos mujeres, y es preciso que el lema de la Convención se haga carne en nosotras para evitar sufrir la tan lamentablemente habitual discriminación que resulta violenta porque nos excluye: “Nada sobre nosotras sin nosotras”.

Las niñas y mujeres con discapacidad y, sobre todo, quienes tienen discapacidad intelectual, crecen con los límites que ponen los profesionales, primero, que les ponen una edad madurativa que las limita, determinada por la capacidad de abstracción y si saben leer y escribir. Las relaciones sociales y el nivel de desarrollo que pueden alcanzar con el estímulo adecuado nada tiene que ver con ese diagnóstico duro y limitante. Luego, las familias sobreprotegen y anulan: no podés participar en la elección de la escuela, no podés elegir qué ropa ponerte, no podés tener sexo porque sos un angelito y los ángeles no tienen deseo sexual, no tenés derecho a elegir a quién votar porque terminás votando con la boleta que tus padres te colocan en el bolsillo, sin dejarte discernir si te gusta o no ese candidato.
Si ellas, que son niñas, puro amor, desean cometer la osadía de ser madres, probablemente la Justicia intervenga de forma arbitraria y decida alejar a ese niño o niña de su madre. Sobre todo si se es pobre, basta darle una mirada al caso de Marisa, una joven con discapacidad intelectual que lleva tres años alejada de su hijo, que permanece institucionalizado.

A ninguna madre se le toma examen de aptitud para serlo, pero sí a las madres con discapacidad. Es cierto, ahora disponemos de más información, que en el mejor de los casos resulta accesible. Un ejemplo es la educación sexual integral, que, si los maestros se animan y los padres y la Iglesia no interfieren, se dicta utilizando materiales adaptados para los niños, niñas y jóvenes con discapacidad, así como para sus pares sin discapacidad.

A ninguna madre se le toma examen de aptitud para serlo, pero sí a las madres con discapacidad.

La información es el mejor modo de prevenir, si hablamos de riesgos ante la posibilidad de abuso. En ocasiones, los profesionales de la salud aconsejan la esterilización forzosa de niñas, jóvenes y mujeres con discapacidad intelectual. No hay estadísticas, pero se sabe que es práctica habitual. Esta medida vulnera la posibilidad de elegir y los derechos más íntimos de ellas, ubicándolas en un lugar de tutela y desestimando su voluntad. La esterilización no previene el abuso, sino que elimina sus consecuencias.
Las mujeres con discapacidad que viven en instituciones, cualesquiera sean –en sus hogares o prisioneras en manicomios–, son objeto de todo tipo de abusos, y como en su mayoría pierden sus vínculos familiares, ¿quién reclamará por ellas? A veces se necesitan apoyos para el ejercicio de algunos derechos para las personas con discapacidad. Así, resulta imperiosa la necesidad de un/a asistente personal para quien requiere de ayuda para levantarse de la cama o para higienizarse, para acompañar a una persona ciega o sorda a hacer trámites.
Las mujeres con discapacidad que viven en instituciones, cualesquiera sean –en hogares o prisioneras en manicomios–, son objeto de todo tipo de abusos y en su mayoría pierden sus vínculos familiares.
También deben brindarse los apoyos necesarios para la toma de decisiones o para el ejercicio de la maternidad. En ocasiones, los desempeña la familia, pero es deber del Estado elaborar los lineamientos necesarios para brindarlos y de ningún modo lesionar un derecho por ser incapaz de cumplir con lo establecido por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con rango constitucional desde el año pasado.
Los apoyos para la toma de decisiones son fundamentales a la hora de ejercer los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo para mujeres con discapacidad intelectual, a fin de elegir cuál resulta el método anticonceptivo más adecuado, decidir la maternidad u optar por la posibilidad de realizarse un aborto ante un embarazo no deseado. Contar con información completa, confiable y comprensible resulta imprescindible para poder tomar una decisión de forma independiente y, en todo caso, coincidir o apartarse de la voluntad familiar que suele anular a las mujeres.
Si hablamos de salud sexual, no podemos dejar fuera a aquellas mujeres a quienes se les dificulta concurrir a la consulta médica, bien por no contar con rampas y camillas hidráulicas para realizarse estudios médicos, o por dificultades en la comunicación con los profesionales, como en el caso de aquellas con discapacidades sensoriales. Lamentablemente, muchas mujeres, sobre todo con discapacidad física, retrasan sus controles ginecológicos debido al maltrato que se produce con sus cuerpos por carecer de los medios necesarios para realizar estudios médicos y por la desvalorización que sufren sus cuerpos, a los que se deja de ver como el de una mujer, para transformarse en un objeto de la medicina.
La violencia hacia las mujeres y niñas con discapacidad proviene de las familias que anulan, de los profesionales de la salud que frecuentemente maltratan, de los empleadores que subestiman, del Estado que implementa políticas asistencialistas, de los medios de comunicación que con frecuencia infantilizan, de una sociedad que no nos considera sujetas de derecho. Con cuerpos diversos, necesitando apoyos, buscando recursos alternativos, somos mujeres, y es preciso que el lema de la Convención se haga carne en nosotras para evitar sufrir la tan lamentablemente habitual discriminación que resulta violenta porque nos excluye: “Nada sobre nosotras sin nosotras”.