Continuando
con la propuesta del curso, en el quinto
encuentro avanzamos en el tercer eje transversal de la capacitación: hacia la
construcción de sociedades inclusivas, haciendo énfasis en cómo el Estado en
sus distintos niveles se organiza en torno al tema de la discapacidad, la transversalidad de la temática en todos los sectores, el Certificado Único de discapacidad y su aplicación, la heterogeneidad del colectivo de las personas con
discapacidad, el Código Civil y los desafíos en función de
implementar las políticas públicas y la participación de la sociedad civil en
la aplicación y cumplimiento de la convención.
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| Imagen de asistentes realizando un afiche de la actividad propuesta. |
Para
comenzar la jornada se comenzó con la propuesta de que los asistentes, desde la
propia experiencia y conocimientos familiares, profesionales, como estudiante,
divididos en cuatro grupos distintos, pudieran distinguir organismos y
entidades: a nivel municipal, provincial y nacional y organizaciones de la
sociedad civil que estuvieran vinculadas a la discapacidad.
De
esta manera, cada uno de los grupos conversaron y recopilaron información sobre
la organización designada (nacional- provincial- municipal- organizaciones de
la sociedad civil) pensando cuáles son sus funciones, que tipo de
articulaciones tienen entre sí y cuáles son las experiencias que han tenido con
esos espacios, para luego poner en común con el resto de los compañeros.
La
propuesta, en el marco del debate y desde las distintas experiencias de los
asistentes, permitió hacer una comparación de las políticas públicas implementadas
por el Estado y cómo es la participación de la sociedad civil en el control de
estas políticas en discapacidad.
Poder
reflexionar y tener una perspectiva general de cómo funcionamos como
organización social, como sistema social, como país y Estado en relación a
estas políticas públicas.
Transformaciones jurídicas: Comité sobre los Derechos de las personas.
Armonización Legislativa. Certificado único de Discapacidad
La
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, insta
a los Estados partes al cumplimiento de la organización de los articulados que
establece a través de la aceptación y ratificación de cada uno de los países y
como esa adhesión debe ser implementada en cada país.
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| Imagen de los asistentes del curso. |
Este Comité está formado por personas
independientes y su objetivo es recibir los informes de los distintos países
sobre las medidas que han hecho para garantizar los derechos de las personas
con discapacidad, estudiar los informes y proponer sugerencias y
recomendaciones para la aplicación de la Convención.
En el caso de nuestro país en el primer informe
presentado intervinieron representantes de organismos del Estado Nacional, del
Consejo Federal de Discapacidad, y algunas organizaciones de la sociedad civil
de y para las personas con discapacidad y observadores invitados.
Este equipo constituido como Grupo de trabajo
nacional, elaboró el documento y estuvo coordinado desde la secretaria general de la CONADIS.
El Estado nacional por lo tanto, presenta al Comité
en el 2010, el primer Informe país donde da cuenta de cómo se está
implementando la Convención y en el año 2012 recibe también un Informe alternativo-
conocido como Informe sombra- elaborado por una red de organizaciones de la
sociedad civil ( REDI- CELS- FAICA-FENDIM-ADC) que plantean una descripción de
la aplicación de la Convención en Argentina, sugerencias de preguntas para el
Estado y recomendaciones.
El Comité debe realizar una
evaluación de ambos informes presentados y en este proceso de evaluación de
cada estado, hace una devolución con recomendaciones y observaciones para
instar que cada país cumpla con la aplicación de los articulados de la
Convención.
En este marco, los capacitadores Martin
Passini y Mariana Gandolfo, compartieron el Informe del Comité con sus
recomendaciones, analizando los principales aspectos positivos, ámbitos de preocupación
y recomendaciones, comentando cual es el estado actual y el seguimiento de
dichas observaciones.
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| Imagen muestra a los asistentes de la capacitación |
La
mirada del nuevo Código plantea la presunción de capacidad y el ejercicio
de esa capacidad de todas las personas, como derecho humano establecido y en
coherencia con la Constitución y con los tratados de derechos humanos, como la
Convención.
Esto
es un cambio transcendental ya que el Código establece la presunción de
capacidad de todas las personas y queda limitada la restricción a la capacidad
de las personas sólo para algunas situaciones particulares para algunas
personas y siempre privilegiando la voluntad de la persona, su autonomía, promover
la voluntad de la persona.
Para
estos casos el código civil establece un sistema de apoyos para el ejercicio de
la capacidad jurídica con salvaguardas adecuadas y ajustes
razonables a esa persona y que esos apoyos funcionan específicamente para los
actos jurídicos de los cuales realmente requiere apoyos esa persona, en
oposición a la figura de curador que era una sola persona la que decidía que
era la mejor para esa persona.
Estas
transformaciones jurídicas deben repercutir en la práctica concreta de los
operadores de la justicia, quienes deberán cambiar procedimientos y prácticas,
apropiarse de nuevos recursos y de esta nueva mirada, modificando toda una
cultura judicial anterior al Código.
En
este contexto de transformaciones y adecuaciones, en la actualidad la
aplicación del CUD – Certificado Único de Discapacidad en todo el país, se
presenta de manera irregular en las distintas provincias.
El
certificado es un documento público de validez nacional emitido por una junta
evaluadora interdisciplinaria que certifica la discapacidad de la persona y por
medio del cual permite acceder a una serie de derechos y beneficios estipulados
por la Leyes Nacionales Nº 22.431 y Nº 24.901 y la Cobertura Integral de las
Prestaciones Básicas de Habilitación y Rehabilitación y a la Cobertura Integral
de Medicación (Ley Nº 23.661, art. 28)
Ente
las dificultades de su aplicación federal se presentan la heterogeneidad de los
recursos económicos de las provincias en cuanto a recursos tecnológicos que se
le solicitan para el registro virtual de las personas con discapacidad en un
padrón único y la coexistencia del certificado de discapacidad anterior, obstáculos
administrativos, jurídicos y culturales para su implementación.
Un
espacio de intercambios en donde se propuso compartir y
reflexionar sobre como estas transformaciones y adecuaciones- la implementación
de las políticas públicas en el país y la armonización legislativa- deben articularse
con el fortalecimiento y participación cooperativa de los movimientos de las
organizaciones de la sociedad civil, en un contexto de descentralización
federal y de heterogeneidad del colectivo de las personas con
discapacidad.
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