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| Botón de parar en un bus. Se lee Stop en texto y en braille |
Milei impone nuevas barreras a los pasajes gratuitos para las personas con discapacidad
El derecho de las personas con discapacidad a acceder gratuitamente al
transporte público, tanto urbano como de mediana y larga distancia siempre
ha estado atravesado por múltiples disputas y barreras que han
obstaculizado el acceso y ejercicio de este derecho, de manera integral, por
todas las personas con discapacidad y en condiciones de dignidad. Barreras,
tanto físicas en las unidades, como sistémicas en los procedimientos para
acceder a pasajes gratuitos y en la resistencia de las empresas de omnibus
para cumplir con el derecho; y hasta (a menudo) actitudinales en el trato y
la falta de información de parte de quienes debían brindar el servicio
gratuitamente a las personas con discapacidad, hicieron que por muchos años,
este derecho sea más declamado que cumplimentado en los hechos.
El activismo de las organizaciones de personas con discapacidad fue
exigiendo durante años, cumplimiento precisamente en estos y otros aspectos
donde el derecho chocaba y se perdía. Omnibus accesibles, procedimientos
para sacar pasajes que no dependieran de la buena voluntad de las empresas,
capacitación a los choferes, etc. Todas las exigencias implicaban una
transversal: más presencia del Estado, para promover mejoras, pero
sobre todo para garantizar y hacer cumplir derechos. Esta fue siempre la
clave para los lentos avances, cuando estos se fueron dando. Mientras los
retrocesos estuvieron de la mano del retiro del Estado. En 2023 la agenda
apuntaba a que la gratuidad estuviera ya incorporada en la tarjeta SUBE.
Todo ha quedado muy lejos. La reciente resolución de la secretaría de
transporte, que elimina la compensación económica para las empresas de
transporte por los pasajes gratuitos para personas con discapacidad,
personas trasplantadas y niñes en tratamiento oncológico, es un nuevo
eslabon de una cadena de retrocesos y desprotección que van desde la falta
de mantenimiento de las rutas nacionales por el corte temprano de la obra
pública, la desregulación a nivel nacional de los servicios de transporte de
pasajeros, que de manera irresponsable dejó de ser considerado servicio
público (Decreto 883/2024), hasta la disminución de frecuencias en
rutas menos rentables y el consiguiente aislamiento de localidades pequeñas.
La vulneración de derechos a las personas con discapacidad se inscribe en
las vulneraciones a los derechos de los sectores populares. En este marco,
desde organizaciones de Córdoba emitimos el siguiente comunicado:
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| Imagen de una persona usuaria de silla de ruedas subiendo con una rampa en un omnibus. A la derecha se ve un cartel que dice "Pasajes gratuitos para personas con discapacidad, transplantados, pacientes oncológicos pediátricos". Sobreimpreso en la imagen se lee: "La vulneración de derechos a las personas con discapacidad se inscribe en las vulneraciones a las mayorías populares de la población" |
Desde el espacio de articulación de organizaciones que conformamos la
Federación Converger, la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos
Humanos, la Asamblea de Trabajadores de Inclusión ATI y la Cámara de
Prestadores en Discapacidad CA.PRE.DIS., expresamos nuestra profunda
preocupación y rechazo ante la decisión del Gobierno Nacional,
mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, de
eliminar el régimen de compensaciones económicas a las empresas de
transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a
personas con discapacidad.
Esta Resolución se complementa con la decisión gubernamental de avanzar en
el progresivo desmantelamiento de la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), traspasando a
Gendarmería funciones centrales como el control de los vehículos de
pasajeros y de cargas; y mediante el
despido masivo de trabajadores del organismo en todo el país, según
ha denunciado el sindicato de trabajadores del Estado ATE, que debilita la
tarea de asistencia a las personas con discapacidad, tanto para el acceso a
los pasajes gratuitos como para resolver los reclamos de usuarios.
El derecho de las personas con discapacidad a viajar gratis en el
transporte público terrestre en nuestro país fue incorporado por la Ley
22431 de 1981 y reafirmado por la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(2006). No es un mero reconocimiento de derecho: explicita la obligación de las
empresas de transporte y estipula el rol del Estado para garantizar el
ejercicio de este derecho y eliminar las barreras que lo impidan.
Si bien el derecho al transporte gratuito continúa vigente formalmente, el
debilitamiento del organismo encargado de controlar y hacer cumplir el
derecho de las personas con discapacidad, sumado a la quita de la
compensación para las empresas obligadas a cumplirlo, deja el acceso y
ejercicio real de este derecho a la buena voluntad de estas
empresas. En los hechos, ya en el pasado los actores obligados han
impuesto barreras concretas para limitar el acceso, como cupos por unidad
o los procedimientos inaccesibles para sacar los pasajes, entre otros
mecanismos de exclusión. Cuando el Estado se retira, se generan
nuevas barreras de acceso y deja a las personas con discapacidad
sin herramientas de defensa de sus derechos.
Estas medidas del Gobierno de Javier Milei son nuevos ataques a
nuestro colectivo, atravesado por el incumplimiento de la
Ley de Emergencia en Discapacidad, y por la grave deuda que el
Estado mantiene con prestadores e instituciones de la Provincia de Córdoba
y de todo el país a través de Incluir Salud, situación que pone en riesgo
la continuidad de tratamientos, servicios y espacios de atención en todo
el país. Rompiendo el sistema de apoyos y la red de cuidados.
Tenemos mucho por hacer.
Apoyanos para seguir
construyendo una sociedad más inclusiva. 
Aquí te contamos cómo.
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