Paraná. La Justicia entrerriana prohibió que se le practique un aborto terapéutico a una joven discapacitada mental que quedó embarazada producto de una violación, pese a que el Código Penal autoriza la intervención en estos casos y los médicos estaban dispuestos a intervenirla.
Fuentes judiciales informaron que la jueza de Menores, Claudia Salomón, ordenó la prohibición luego de hacer lugar a una medida cautelar presentada por la defensora de Menores, María Marcela Piterson.
El fallo provocó la indignación y el repudio público de varias organizaciones como el Foro por los Derechos de las Mujeres cuya titular, la diputada provincial Lucy Grimaut, anticipó que los abogados estudian el caso para hacer una presentación formal y pedir que se revea la decisión judicial.
La joven violada, que tiene 19 años y una capacidad mental de una nena mucho menor, vive con 10 hermanos en el barrio Humito, al oeste de la capital entrerriana, en una vivienda muy humilde.
La causa se inició hace cuatro meses: cuando la madre advirtió que su hija estaba embarazada, denunció la violación en el Juzgado Número 5 y solicitó al Hospital San Roque que se le practique un aborto terapéutico.
Abogados del fuero local, advirtieron que en este caso, no se necesitaba una autorización judicial porque la joven es menor de edad, discapacitada mental y fue violada.
No obstante, y pese a que los médicos del hospital estaban dispuestos a interrumpir el embarazo, la defensora de Pobres y Menores presentó la medida cautelar y la jueza Salomón hizo lugar.
“Bajo ningún punto de vista, este fallo puede quedar sentado como un precedente”, dijo Grimalt, y criticó la extralimitación de la Justicia, “en un caso en el que no tiene porque intervenir”.
La diputada recordó dos casos similares ocurridos el año pasado en La Plata y en Mendoza (ver Recursos...), donde dos discapacitadas que también fueron violadas y quedaron embarazadas, tuvieron que recurrir a la Justicia para ejercer su derecho a interrumpir la gestación.
“El fallo (de la jueza Salomón) lo único que hace es alentar el aborto clandestino y poner en mayor riesgo a cualquier otra persona que esté en esta situación”, afirmó Grimalt. Agregó que lo que hicieron las funcionarias judiciales entrerrianas “es inadmisible, porque se han extralimitado en sus funciones”.
Es el tercer caso que se conoce en un año. En los anteriores, la Justicia finalmente autorizó los abortos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario