La desdicha de padecer un Estado discapacitado.

Pasan los años y no declinan ni la marginación ni la discriminación contra las personas que padecen capacidades diferentes.

Desde setiembre de 2006, duerme en los cajones de la Presidencia de la República, sin ser perturbado por el relevo matrimonial en la Jefatura del Estado, el texto de la ley 25.689, en espera de un decreto reglamentario. No es una ley más.

De toda la legislación que la sociedad aguarda con esperanza y exige con decisión, ésta es la de mayor sentido social y ético. Porque reconoce a los ciudadanos que padecen capacidades diferentes el derecho de incorporarse a la administración pública nacional, hasta alcanzar el cuatro por ciento de su planta. De nada sirvieron las peticiones de las organizaciones que procuran una mejor calidad de vida para quienes sufren una torpe e inaceptable discriminación. Porque para ellos de nada sirve la legislación vigente y poco y nada hace el organismo oficial que debería ocuparse de ellos.

Dos preguntas: ¿el decreto reglamentario será finalmente firmado por la actual Presidenta en este año electoral, donde un voto siempre es un voto? ¿Tendría entonces algún cumplimiento efectivo?

Los interrogantes se basan sobre la desalentadora experiencia nacional al respecto. En este sentido, es suficientemente demostrativo lo acontecido con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Capital Federal posee su propia ley respecto del cupo de personas con capacidades diferentes que tienen derecho de incorporarse a su administración. Lleva el número 1.502 y es más generosa que la ley en letargo en la Presidencia de la República, puesto su cupo es de cinco puntos porcentuales. Pero no se cumple con lo que ordena y manda su propia ley.

Tanto que la Justicia ha debido intervenir para que cumpla y haga cumplir lo que su Legislatura ha votado con entusiasmo y su Ejecutivo ignora u olvida con gran desenvoltura. En 2005, una ciudadana porteña de 55 años de edad, que padece una discapacidad motriz de 60 por ciento, se inscribió en el entonces recién habilitado Registro de Aspirantes de la Comisión para la Plena Participación e Integración de las Personas con Necesidades Especiales (Copine), denominación tan robusta como, al parecer, ineficiente, porque la recurrente, que es licenciada en Psicología, no consiguió participar ni integrarse en ninguna actividad oficial metropolitana.

Más aún, jamás recibió notificación oficial alguna de sus posibilidades de inserción laboral. Cuando el desaliento y la desesperanza estaban a punto de culminar su nefasta obra de destrucción de sus ilusiones, se dio con una información publicada por un diario de la Capital Federal. La Justicia de esa ciudad ordenó al gobierno de la Ciudad Autónoma que diera trabajo a un enfermero que presentaba discapacidad auditiva. La psicóloga acudió a los tribunales en busca de justicia.

Juan Vicente Cataldo, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo, revisó entonces la planta de la administración capitalina y descubrió que el gobierno autónomo sólo cumplía con 0,76 por ciento del cupo del cinco por ciento, lo que constituye una flagrante violación de la ley 1.502, que prevé que el cupo debe cubrirse a razón de uno por ciento por año. Libró oficio a 10 organismos de esa administración, para requerirles información acerca de sus eventuales necesidades de una psicóloga: sólo recogió respuestas esquivas y de algunas dependencias ni siquiera fue contestada su requisitoria. O sea, la discriminación y la desidia funcionaban a pleno. Los registros de la Copine atesoran más de cuatro mil inscripciones, que son otros tantos reclamos de justicia y contra la discriminación.

Peor es la situación de la Unidad para Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables del Ministerio de Trabajo de la Nación, que atesora seis mil esperanzas. Estos formalismos son irritantes y agraviantes para la dignidad de esas personas. Asiste razón a Cecilia Pazos, del área de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, cuando sostiene que "aunque una ley no esté reglamentada, eso no quiere decir que no esté vigente; es una ley ya promulgada".
Fuente: La Voz del Interior.