El secretario de Justicia, Julián Alvarez, y
la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, firmaron hoy un
convenio de cooperación y asistencia para profundizar los alcances de los
Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) dentro de la comunidad, y promover el
efectivo acceso a la justicia de las personas con discapacidad en igualdad de
condiciones con los demás.
“Me parece
central que todos los que tenemos alguna responsabilidad pública, promovamos la
institucionalización de las políticas de inclusión”, aseguró Álvarez, y agregó:
“Estos acuerdos son una forma de institucionalizar las políticas de Estado que
conciernen al acceso a la justicia de los sectores más vulnerables”.
Dentro de los compromisos asumidos se prevé la
orientación general por parte de la Defensoría respecto a los roles
institucionales y competencias de diversos organismos públicos y las formalidades
correspondientes para encauzar peticiones y/o reclamos.
Asimismo, a través de los CAJ, la Defensoría dará
intervención a los diversos programas y comisiones dentro de su órbita a los
efectos de asistir y patrocinar a la población de los sectores más vulnerables,
en especial, en las temáticas concernientes a la asistencia integral y
protección al refugiado, derechos del migrante, tratamiento institucional de
salud mental, tratamiento institucional de niñas, niños y adolescentes,
violencia de género, situación carcelaria, entre otros asuntos de injerencia.
Por otro lado, el Ministerio de Justicia a través
del Programa ADAJUS (Acceso a la Justicia de las personas con discapacidad)
brindará colaboración, asistencia, asesoramiento y elaboración de informes en
los casos que sean solicitados por la Defensoría, con el fin de garantizar la
defensa de los derechos de las personas con discapacidad asistidas a través de
este organismo.
Además, se trabajará en la realización de ajustes
razonables en los procedimientos judiciales y en la promoción de buenas
prácticas en la administración de justicia.
La defensora Martínez expresó que “el acceso a la
justicia es un derecho humano fundamental, ya que es al mismo tiempo un fin y
un puente, que está garantizado por todos los organismos de Derechos Humanos
internacionales”.
Luego se manifestó sobre los alcances del convenio:
“La justicia sirve para que los enunciados que están escritos en los diferentes
tratados se materialicen, lleguen a la sociedad; y este acuerdo apunta a que la
justicia llegue a los sectores más postergados”.
El acto se realizó en el Salón Emilio Mignone de la
Secretaría de Derechos Humanos, y contó con la presencia, además de
Álvarez y Martínez, de la subsecretaria de Acceso a la Justicia, Florencia Carignano;
la directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la
Justicia, Débora Oliva; la coordinadora del Programa Nacional de Asistencia
para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de
Justicia (ADAJUS), Mabel Remón; el coordinador del Equipo de Acceso a la
Justicia de la Defensoría General de la Nación, Mariano Gutiérrez, y la
representante del Programa sobre Temáticas de Salud, Discapacidad y Adultos
Mayores de la Defensoría General de la Nación, Roxana Felicioti.
Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 23 de abril de 2014.-
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