Hacia la construcción de Sociedades inclusivas

El sábado 22 nos encontramos para continuar avanzando en la propuesta de poder pensar la construcción de sociedades inclusivas, haciendo énfasis en cómo el Estado en sus distintos niveles se organiza en torno al tema de la discapacidad, los desafíos en función de implementar las políticas públicas, el certificado único de discapacidad y la participación de la sociedad civil en la aplicación y cumplimiento de la convención.

En el encuentro nos acompañaron Matías Argüello Pitt y Martín Passini, quienes fueron alternado sus disertaciones con ejemplos y situaciones claras, material actualizado y propias investigaciones relacionadas a las temáticas propuestas en la jornada.

A partir de lo que dicen los últimos artículos de la Convención, pudimos pensar en estándares internacionales de políticas públicas y los mecanismos internacionales que tenemos para exigir / avanzar en el cumplimiento de la Convención.

Desde allí pudimos avanzar y conversar sobre algunas cuestiones más en concreto, como el Certificado Único de Discapacidad, el Plan Nacional de Salud Mental, el trabajo del Comité y en particular con nuestro país a partir de la vigencia de la Convención.

El certificado único de Discapacidad es un documento público de validez nacional emitido por una junta evaluadora interdisciplinaria que certifica la discapacidad de la persona y por medio del cual permite acceder a una serie de derechos y beneficios estipulados por la Leyes Nacionales Nº 22.431 y Nº 24.901 y la Cobertura Integral de las Prestaciones Básicas de Habilitación y Rehabilitación y a la Cobertura Integral de Medicación (Ley Nº 23.661, art. 28)

Discutimos sobre las dificultades de su aplicación federal, la heterogeneidad de los recursos económicos de las provincias en cuanto a recursos tecnológicos que se le solicitan para el registro virtual, obstáculos administrativos, jurídicos y culturales para su implementación en la actualidad.

Para distinguir las distintas políticas públicas en materia de discapacidad aplicadas por los organismos y entidades, identificar sus articulaciones y tensiones, se realizó una dinámica grupal de reconocimiento de estas organizaciones.

Para ello pensamos cómo se constituye la organización del Estado (en sus diversos niveles y poderes) en relación a la Discapacidad, si se cumplen los estándares, qué problemas hay y actualizarnos con los cambios que se han implementado en los últimos tiempos.

De esta manera, desde la propia experiencia y conocimientos, se trabajó en distintos grupos, cada uno de ellos conversaron y recopilaron información sobre la organización designada (nacional- provincial- municipal- organizaciones de la sociedad civil) pensando cuáles son sus funciones, que tipo de articulaciones tienen entre sí y cuáles son las experiencias que han tenido con esos espacios, a qué modelo de discapacidad responden, para luego poner en común con el resto de los compañeros.

La propuesta, en el marco del debate y desde las distintas experiencias de los asistentes, permitió hacer una comparación de las políticas públicas implementadas por el Estado y cómo es la participación de la sociedad civil en el control de estas políticas en discapacidad.

Poder reflexionar y tener una perspectiva general de cómo funcionamos como organización social, como sistema social, como país y Estado en relación a estas políticas públicas.

Un espacio de intercambios en donde se propuso compartir y reflexionar sobre cómo estas transformaciones y adecuaciones- la implementación de las políticas públicas en el país y la armonización legislativa- deben articularse con el fortalecimiento y participación cooperativa de los movimientos de las organizaciones de la sociedad civil, en un contexto de descentralización federal y de heterogeneidad del colectivo de las personas con discapacidad.