Ambientalistas analizan plantear su inconstitucionalidad porque no se respeta la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos. Todo el arco de legisladores que ayer votó en contra de la ley de bosques nativos aprobada aseguró en el recinto que la norma es inconstitucional porque no cumple con los presupuestos mínimos que fija la ley nacional 26.331 o "ley Bonasso".
Esta visión también es apoyada por los integrantes de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (COTBN), integrada por ambientalistas, científicos de la Universidad Nacional de Córdoba y campesinos.
De hecho, esta comisión se reunirá en estos días para analizar la medida judicial más apropiada para que la judicialización sea lo menos perjudicial para el bosque.
El Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha), dedicado al derecho ambiental, y los propios abogados de la UNC estudian el texto sancionado. También se espera una resolución contundente del Consejo Superior de la Casa de Trejo.
En voz baja, algunos legisladores de Unión por Córdoba aseguran que la ley tendrá una vida corta. La primera prueba será la Secretaría de Ambiente de la Nación, encargada de girar los fondos nacionales a las provincias. Si la Nación juzga de irregular a la norma provincial, podría negarle el dinero.
Por principio constitucional, una ley provincial no puede legislar por debajo de una norma nacional. Ambientalistas y legisladores opositores observan que esto ocurre en varios artículos de la ley aprobada. Dos son los puntos más groseros:
Aprovechamiento sustentable. En las definiciones de las categoría rojo (artículo 5º) la ley aprobada estipula que el territorio comprendida en esta zona puede ser objeto de "aprovechamiento sustentable". La misma definición en la norma nacional no incluye este punto, sólo permite que sean hábitat de comunidades indígenas, objeto de investigación científica o turismo sustentable (esto en la reglamentación).
Categoría roja. El artículo 6º no incluye el criterio "potencial de conservación de cuencas" que fija la norma nacional para definir las zonas.Precisa que hay que respetar las grandes superficies con pendientes mayores al cinco por ciento. El objetivo es proteger zonas que, de desmontarse, son muy vulnerables a la erosión eólica e hídrica.
Disidencia oficialista. Por estos puntos, dentro del oficialismo se escucharon dos voces disidentes: Marcelo Falo y María Chiófalo, quienes votaron a favor en general, pero no apoyaron algunos artículos.
"No estoy de acuerdo con el aprovechamiento sustentable en zona roja. No creo que sea lo mejor para el bosque nativo. Y difiero con que se hayan quitado los mecanismos de participación de la sociedad y los sitios con pendientes mayores al cinco por ciento", dijo Falo.
En tanto, Chiófalo, quien fue ex Secretaria de Ambiente provincial, sugirió algunas modificaciones en el mismo sentido. Ambos coincidieron en que el mapa aprobado está correcto. "Fue realizado por Ambiente. Está de acuerdo con la ley nacional y refleja la realidad de nuestra provincia", dijo Chiófalo.
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