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Entre la defensa por un ambiente saludable y los derechos de las personas con discapacidad

Vivimos tiempos singulares. Hay cada vez más evidencia, y una creciente conciencia entre las organizaciones y sectores de la sociedad civil, que reconoce la interconexión entre luchas y temas sociales. Sectores que tienen en común la voluntad de transformar realidades injustas, de generar condiciones de dignidad para grupos excluidos y de proyectar posibilidades de futuros más auspiciosos que los actuales. El enfoque de derechos humanos y, desde allí, la categoría de intereseccionalidad de los derechos permiten comprender que las personas son atravesadas por múltiples realidades; que enfrentan muchas veces diversas formas acumuladas de discriminación. De este modo, no es lo mismo ser varón con discapacidad, que ser mujer con discapacidad, o ser una persona con discapacidad migrante, o mujer indígena, etc, etc.  La consecuencia directa de esta constatación es obvia: los temas no deben estar parcelados; los ámbitos de trabajo social, cultural y de incidencia tampoco. Las demandas, propuestas de transformación deben constatar que la realidad social es una continuidad que genera exclusiones, injusticias, así como posibles articulaciones, vínculos y experiencias comunes que permiten proyectar más allá de visiones segmentadas.

En la imagen se ven las manos de un niño/a acomodando la tierra de una pequeña plantita. Y la frase: "La educación ambiental como un derecho."

Además, la crisis ecológica se muestra en todos los ámbitos y temas, tanto a nivel mundial con el cambio climático, la contaminación global y la pérdida de biodiversidad, como en los territorios locales, rurales y urbanos, con las diversas afectaciones particulares al suelo, al agua, a los cultivos, a los alimentos, a la vida cotidiana en comunidad.  La cuestión ambiental está interconectada con las diversas problemáticas sociales, económicas, políticas y culturales. Se hace cada vez más evidente que se deben vincular las perspectivas, principios y objetivos de trabajo social. Sociedades más justas también deben serlo para las próximas generaciones. Inclusión, igualdad y justicia social, van de la mano a inclusión y justicia ambiental.  Existen vínculos estrechos entre la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, desde el modelo social, los derechos de la niñez, la perspectiva de géneros y cuidados, y el derecho a vivir en un ambiente saludable.  En esta nota esbozamos algunas ideas sobre esta vinculación.

La red de la vida y la interdependencia.

Desde la perspectiva del modelo social de la discapacidad se propone una visión de interdependencia entre los humanos: nadie es totalmente independiente, todas las personas requerimos apoyos, y las personas con discapacidad pueden requerir determinados apoyos y cuidados, como también brindarlos a otras personas. De esta forma, todxs formamos parte de redes de interdependencia y cuidados.

Las perspectivas de los derechos de la niñez, los derechos ambientales, el enfoque de género y los derechos de las personas con discapacidad se encuentran y son transversalizadas en un abordaje que reconoce la interdependencia como la noción que caracteriza la red de la vida, y a los cuidados (entre humanos y con la naturaleza) como la práctica fundamental para la regeneración de la vida (y de la diversidad de la vida) en la tierra.

En la realidad concreta las afectaciones de derechos están enlazadas. Investigaciones realizadas por organismos públicos y organizaciones sociales, detallan que niñxs, adolescentes y jóvenes con y sin discapacidad viven en barrios de la periferia de la ciudad de Córdoba, que se caracterizan por la prevalencia de ambientes degradados y problemas socio ambientales urbanos, que enfrentan condiciones de vida inequitativas y problemas socio ambientales complejos.  Las niñeces y juventudes, las personas con discapacidad, los sectores desplazados tienen mucho que decir y aportar por los derechos ecológicos.

La educación ambiental como práctica pedagógica ofrece una oportunidad de reflexión critica compartida y sostenida en el tiempo. Para ello debe basarse en una perspectiva integral, que incorpore otras problemáticas sociales vinculadas (económicas, culturales, políticas) y participativa: los niñxs, adolescentes y jóvenes con y sin discapacidad deben ser protagonistas de experiencias de educación ambiental, prácticas ecológicas, producción agroecológica y sustentable. 

Además de vincular la participación y voces de personas con discapacidad, estas prácticas educativas deben articularse entre organizaciones y actores diversos para que lleven adelante acciones de incidencia pública, en defensa de los DDHH y de un ambiente saludable para las actuales y próximas generaciones.  

En definitiva, se trata de reconocer la real naturaleza de la inclusión de las personas con discapacidad como parte de la diversidad humana, así como la naturaleza sistémica de los derechos. Y por tanto, comprender que la lucha por el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad también se debe articular, incluir, a la lucha por los derechos sociales (económicos, sociales, políticos, culturales, ambientales) de las poblaciones excluidas en general y de la madre tierra, que también, (y es tema para seguir conversando) es sujeto de derechos.


Tenemos mucho por hacer. Apoyanos para seguir construyendo una sociedad más inclusiva.  Aquí te contamos cómo.

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