Pensiones: "sólo el 23 % de las personas pensionadas de Apadim habían recibido correctamente la citación".

Un informe institucional da cuenta que de las 94 personas adultas, beneficiarias de pensiones no contributivas por discapacidad que concurren a Apadim, sólo 22 personas habían recibido la carta documento en su domicilio citándolas a la auditoría. En esta nota contamos sobre este informe solicitado por la justicia, en el marco de un amparo colectivo presentado en Tribunales Federales de Córdoba.

Personas haciendo fila en la sede Córdoba de ANDIS / Superintendencia de Servicios de Salud. Foto La Voz

Desde el mes de mayo, la institución estuvo acompañando a las personas beneficiarias de pensiones por discapacidad (llamadas pensiones por "invalidez laboral") que concurren al Centro de Día y al Centro de Orientación Laboral, sometidas al proceso de auditoría impuesto por la Agencia Nacional de Discapacidad a toda esta población.  A partir de este trabajo de acompañamiento se logró que casi ninguna de ellas sufriera la suspensión del beneficio, lo que hubiera sido altamente probable sin este apoyo, ya que la gran mayoría no había recibido la carta documento con la citación.

En ambos espacios de la institución se trabajó brindando información en general, y desde los equipos técnicos acompañando a cada una de las personas en las diversas situaciones. Se hizo una averiguación caso por caso de las 94 personas, consultando a la oficina local de ANDIS para conocer el estado, si había sido citado o no, fecha y lugar de citación, etc. A cada persona se le brindó la información disponible, en un marco realista de incertidumbre y confusión sobre los pasos a seguir, sobre la confianza en el procedimiento y la previsibilidad de los resultados. El informe destaca que no había llegado "ninguna información formal sobre el proceso de auditoría a las instituciones, ni a las familias (...) la única vía de información era la página web y redes sociales de Andis", lo que resultaba inaccesible para la mayoría de estas familias.

El pedido de información a la institución fue realizada por la Defensora Pública Oficial ante el Tribunal Federal de Córdoba, Dra. Mercedes Crespi quien días después presentó un amparo colectivo para exigir, por la vía judicial, que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) restituya las pensiones no contributivas (PNC) que se dieron de baja en Córdoba.

Además de brindar información, se apoyó a los jóvenes y sus familias a actualizar informes médicos y preparar la documentación que se requería, como también en la carga de documentación en la página de ANSES.  El informe constató que en varios casos las fechas y lugares de citación estaban incorrectos: "en un caso incluso, se citó en provincia de Buenos Aires (debido a que esa persona realizó la gestión de pensión hace más de 15 años, cuando vivía en esa provincia) y en otro caso, la citación era en la localidad de Tulumba" A esta última incluso no le llegó la carta documento.  La irregularidad más reiterada "fue la falta de información de los médicos auditores del proceso completo de la auditoria.  En algunos casos solicitaban documentación no requerida en la gestión".

El gobierno impulsó esta auditoría por etapas, siendo primero en ciudad y provincia de Buenos Aires y luego en distintas provincias. En el caso de Córdoba iniciaron entre mayo y junio, y a fines de julio empezaron a verse las primeras suspensiones que se masificaron en agosto y septiembre.  Antes de ejecutar este procedimiento que fue denunciado por organizaciones de personas con discapacidad de todo el país como una maniobra de recorte encubierto, habían derogado la resolución que permitía la compatibilidad entre la pensión y el empleo de hasta dos salarios básicos, y habían cambiado la normativa que establecía los requisitos para acceder al beneficio, volviendo a una concepción biologicista de la discapacidad, reestableciendo el viejo criterio del "grado de invalidez laboral" y sin tomar en cuenta las condiciones sociales, las barreras, que impiden a las personas con discapacidad acceder a oportunidades de empleo. Todo mediante el Decreto 843/2024 publicado el 20 de septiembre del año pasado. 

Personas haciendo fila en la sede Córdoba de ANDIS / Superintendencia de Servicios de Salud. Foto La Voz

En el caso de las familias de nuestra institución, las primeras reacciones fueron de incredulidad sobre la situación. No creían que el gobierno les fuera a auditar en “su caso”. Y luego fueron pasando a sensaciones de "angustia y preocupación por la incertidumbre y la falta de información clara sobre el procedimiento, sobre “qué hacer”, cómo defender el derecho", expresa el informe.

Los equipos hicieron seguimiento de cada caso, en todo el proceso, y se acompañó con informes técnicos "para las presentaciones ante los médicos auditores" y se articularon con servicios médicos para la obtención de certificados. El informe indica que el "acompañamiento fue fundamental, porque en estos casos las personas no necesitaron peregrinar para acceder a esos documentos en muy poco tiempo".

El informe institucional elaborado por Constanza Luna, Carmen Fortes, Celia Picco, Vanesa Graff y Martín Passini concluyó que gracias al acompañamiento se logró que de las 94 personas pensionadas de la institución "sólo una sufrió la suspensión de la pensión", quien es "concurrente de muchos años de la institución y cuenta con CUD actualizado". La institución acompaña a la familia en el trámite de rehabilitación de la pensión.

El amparo colectivo presentado por la Dra. Crespi calificó que el modo en que se diseño el trámite de auditoría resulta “ilegal y arbitrario”. En una nota publicada por el diario Perfil Córdoba, la defensora pública manifestó que “con un objetivo real no declarado -reducir la cantidad de pensiones-, se diseñó un proceso de auditoría de las pensiones no contributivas que no garantiza un procedimiento accesible y respetuoso de los derechos de las personas con discapacidad”.  Según un relevamiento de la Defensoría General de la Nación, citado en el expediente, "solo el 45% de las citaciones enviadas por la Andis acreditan haber llegado a destino". En el caso de las personas de Apadim, este número se reduce notablemente al 23 %, como vimos.

Con diversos informes y sobre todo mostrando un número alto de casos, exigió la suspensión de la auditoría y la restitución de las pensiones suspendidas en Córdoba. El expediente recayó en el Juzgado Federal 2, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes. Mientras se resuelve la vía judicial, las personas con discapacidad con pensiones suspendidas continuan peregrinando el llamado trámite de rehabilitación de la pensión.

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